Más de un centenar de trabajadores, en su mayoría investigadores del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), manifestaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión su oposición con sustento técnicos y científicos a las propuestas de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), en especial donde el senador Raúl de Jesús Elenes Angulo pretende que la CONAPESCA se constituya en un organismo público descentralizado para duplicar funciones del INAPESCA en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico, así como la iniciativa del ejecutivo federal que pretende fusionar ese instituto a la CONAPESCA.
En el escrito dirigido al presidente de la República, sellado el 18 de marzo de este año por la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia, los firmantes sostienen que “fusionar al INAPESCA con la CONAPESCA denotaría un retroceso al supeditar la objetividad e imparcialidad de la investigación pesquera y acuícola, sus opiniones y dictámenes técnicos, a elementos políticos o de índole diferente a la ciencia y la tecnología”, y peor aún se plantea en una iniciativa con propuesta de decreto del Ejecutivo Federal reformar la Ley (LGPAS) para la extinción del INAPESCA con liquidación de todo su personal.
En otro documento dirigido el 20 de octubre al presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta Mier, así como a Santiago Creel Miranda, Presidente de la Cámara de Diputados, expresaron que “si el reto es transformar el manejo y la investigación pesquera y acuícola nacional, fusionar al INAPESCA con la CONAPESCA no es la decisión más afortunada. Se requiere fortalecer a ambas instituciones y mantenerlas independientes y bien coordinadas para que sus labores sustantivas redunden en verdadero beneficio para las personas productoras de los sectores acuícola y pesquero del país”.
De acuerdo con los firmantes de las comunicaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo, el sector pesquero genera 350 mil empleos directos sólo en la pesca, alimentos de la más alta calidad nutricional, divisas e ingresos para familias de comunidades a lo largo de 11 mil 592 kilómetros de litorales de 17 estados de la república y de las aguas continentales al interior del país.
En este 2022, año Internacional de la Pesca y Acuicultura artesanales y 60 aniversario del INAPESCA, recordaron los trabajadores, este fue concebido como una Institución fundamental del Estado mexicano para el aprovechamiento sustentable de los recursos acuáticos y el desarrollo de la acuicultura. Las investigaciones del INAPESCA han sustentado técnica y científicamente diversos instrumentos de manejo de recursos pesqueros y acuícolas. Entre estos destacan las opiniones y dictámenes técnicos para la emisión de permisos de pesca, métodos y artes de pesca, niveles de captura, vedas temporales, tallas mínimas de captura, Normas Oficiales pesqueras, Carta Nacional Pesquera, Carta Nacional Acuícola, Plan de Acción Nacional para el Manejo y Conservación de Tiburones, Rayas y especies afines, Ordenamiento, y Planes de Manejo Pesquero.
Las investigaciones del INAPESCA también son y serán muy relevantes para solventar compromisos previstos en Tratados y Acuerdos internacionales en materia pesquera, como los suscritos en el Código de Conducta y Pesca Responsable de la FAO, el T-MEC, la Agenda 20-30 y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consideran de manera prioritaria el manejo sostenible, precautorio y responsable de los recursos naturales. La Agenda 20-30 de la ONU contempla entre los objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) “Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible” (objetivo 14). En el tratado comercial más importante de México con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, se adquirieron compromisos en materia de protección ambiental, de la biodiversidad y manejo sustentable de los recursos naturales.
Derivado de las evaluaciones de 1991 y 2005 de la FAO para el Fortalecimiento del Instituto Nacional de la Pesca de México, se recomienda que este Instituto (INAPESCA) “conserve su mandato fundamental de asesorar científica y tecnológicamente al Estado, debiendo recibir del mismo el financiamiento que asegure el desarrollo de las actividades de investigación para el debido cumplimiento de dicho mandato”.
Entre los resultados del INAPESCA cabe destacar los estudios orientados a la protección de especies que se capturan incidentalmente en pesquerías como las del atún y camarón, al grado que si no se hubieran realizado investigaciones sobre excluidores de tortugas y de peces en la pesquería de camarón, esta no estaría certificada para exportar sus capturas a los Estados Unidos, su principal mercado, ni se hubiera solventado el embargo atunero por la pesca incidental de delfines, en coordinación con las industrias respectivas.
En el documento al presidente de la República explican cómo el INAPESCA ha generado estudios de largo plazo e investigaciones puntuales que sirven de soporte para dar respuesta a las solicitudes que la CONAPESCA recibe de parte de productores para el acceso a nuestros recursos acuáticos de importancia comercial. Y agregan que el INAPESCA es la única institución cuya vocación primordial tiene implicaciones legales y jurídicas directas al opinar, con apego al método científico y con imparcialidad, a favor o en contra de solicitudes que personas físicas o morales realizan para el aprovechamiento de algún recurso acuático.
El senador de la República, Raúl de Jesús Elenes Angulo, ex Comisionado de Pesca y Acuacultura, presentó tres iniciativas que pretenden reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), y una cuarta para que la CONAPESCA se constituya en un organismo público descentralizado, con lo cual se propone dotar de nuevas funciones relacionadas con el desarrollo tecnológico, investigación científica, difusión, creación de métodos y sistemas avanzados de producción y demás necesarias para la conservación y aprovechamiento sustentable de la acuacultura y pesca en México, con el argumento de que el ordenamiento de la pesca y acuicultura requieren de “autonomía de gestión” y recursos económicos suficientes para ejercer políticas públicas sostenibles en el tiempo, eficaces y eficientes.
Al respecto, informaron al presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, y al Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, que por la forma en la que se presenta esta propuesta, pareciera que “autonomía de gestión” significa minimizar o incluso deshacerse de la investigación que realiza el INAPESCA, contrario a como actualmente lo define la LGPAS, que es condición necesaria que la actividad pesquera se realice bajo condiciones de sustentabilidad y para ello es imprescindible la investigación científica, dado que la pesca es un sistema complejo en el que intervienen sistemas ambientales, biológicos, tecnológicos, sociales, económicos y culturales.
Señalan los trabajadores que el presupuesto del INAPESCA representa solamente el 0.006% del presupuesto de egresos del gobierno federal. Y pese a que tenemos un enorme déficit de recursos humanos y presupuesto, seguimos generando información básica y productos sustantivos al aportar elementos para: otorgar o renovar permisos o concesiones, indicar qué especies capturar, evaluar el volumen disponible, tallas, periodos de veda, cuotas de captura, artes de pesca, nuevas tecnologías de captura y producción acuícola. Además, generamos estudios de la estructura social y económica de los pescadores y acuicultores, y aportamos información científica para la certificación de pesquerías importantes como la langosta roja de la península de Baja California, el atún del pacifico y pelágicos menores del Golfo de California, bajos estándares internacionales de organismos independientes.
Lo anterior demuestra que la investigación pesquera y acuícola es muy relevante, gracias a ello los mexicanos podemos consumir alimentos de calidad producidos por miles de personas en comunidades para las cuales estas actividades productivas son su principal sostén. Este es, por lo tanto, un asunto de seguridad nacional, que no justifica de ninguna manera que una entidad sea juez y parte en las decisiones de manejo sostenible de nuestros recursos acuáticos
Por lo que, “como trabajadores manifestamos nuestro interés no sólo en la permanencia del INAPESCA como un asunto laboral básico, sino en salvaguardar la integridad de los recursos y sus pesquerías ante la ausencia de un planteamiento integrador racional” con sustento científicos. Para ello los trabajadores se comprometen a continuar trabajando con ahínco, generando productos de investigación de impacto favorable al sector productivo, y hacer una propuesta de innovación del Instituto acorde a las políticas y estrategias del gobierno federal, tomando en cuentas las necesidades del sector pesquero y acuícola nacional, así como recomendaciones de la FAO. Para tener un INAPESCA fortalecido y renovado, con la capacidad de enfrentar los retos actuales y venideros, para apoyar las decisiones con base en la mejor evidencia científica, como lo hacen las naciones de avanzada que se ocupan del manejo responsable y sostenible de sus recursos naturales, para coadyuvar con los objetivos 20-30 de la ONU, con instituciones de Estado robustas, con capacidad operativa, financiera y técnica para cumplir sus fines, además de responsabilidad social.
Finalmente, los trabajadores exhortan a legisladores y funcionarios del gobierno federal a consolidar, ordenar y fortalecer la pesca y la acuicultura en beneficio de las familias y comunidades que de ello viven, mediante el reconocimiento de su valor y ubicación real y futuro a través del fortalecimiento institucional del INAPESCA, y de la CONAPESCA, mediante la generación de las políticas públicas necesarias, como lo indican la LGPAS y el Plan Nacional de Desarrollo de Pesca y Acuacultura 2018-2024.
