Las sanciones a los servidores públicos que filtren información de carpetas de casos de feminicidios podrían ser más severas, esto en caso de que se apruebe en el pleno del Congreso de Nuevo León una reforma al artículo 244 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.
El dictamen, propone reformar el segundo párrafo, agregando un texto que especifique que la pena dictada por la autoridad se agrave “en una mitad”, es decir que se sume la mitad del periodo de tiempo al que sea sometido como castigo el infractor, por sentencia de un juez.
Quien cometa uno de los delitos previstos en las fracciones primera, segunda, tercera, séptima, octava, novena, décima, décimo primera, vigésima, vigésima tercera, vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima séptima, vigésima octava, se le impondrá pena de prisión de seis meses a seis años y una multa de 100 a 300 cuotas…
Cuando la conducta descrita en la fracción vigésima octava se realiza en torno a una carpeta de investigación en un proceso penal relativo al delito de feminicidio, la pena se agravará en una mitad”, precisa el escrito.
La iniciativa, que fue turnada a las comisiones el pasado 22 de abril e impulsada por la diputada priista, Lorena de la Garza, fue aprobada ayer lunes en los trabajos de la Comisión de Seguridad y Justicia, por lo que será pasada al pleno del Congreso para su análisis y posible aprobación.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre del 2022, al menos 79 mujeres han sido víctimas de feminicidio en el estado de Nuevo León. Los casos de María Fernanda Contreras, Debanhi Escobar, Yolanda Martínez y Johana Ligues impactaron en el país.
